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Viva la libertad, La libertad vive? - Abogarte

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VIVA LA LIBERTAD. LA LIBERTAD VIVE?
A diario vemos como se banalizan conceptos muy caros a nuestro sentir. La libertad es uno de los más preciados. Para lograrla, para mantenerla, para recuperarla, corrió mucha sangre.
Durante el terrorismo de Estado la lucha para recuperar la democracia y con ella la libertad costó 30 mil desaparecidos, asesinatos, torturados, exiliados. Cuántos de los actuales “libertarios” participaron en esa contienda?
Un artículo experimentalmente articulado con IA se refiere al tema. No es muy severo al analizar los parámetros económicos y los excluidos del sistema, pero conceptualmente aparece al menos aceptable.
De Alberdi a Milei: del liberalismo argentino al libertarismo en el poder
Una vieja idea con un nuevo nombre
El libertarismo argentino parece, a primera vista, una novedad. Tiene un lenguaje propio, una estética política novedosa, una presencia extraordinaria en las redes sociales y un liderazgo que hasta hace pocos años parecía imposible: Javier Milei.
Pero las ideas que lo alimentan no nacieron con Milei.
La defensa de la libertad individual, de la propiedad privada, de la iniciativa privada y de la limitación del poder estatal tiene una larga historia en la Argentina. Sus raíces pueden encontrarse en el siglo XIX y, particularmente, en Juan Bautista Alberdi, cuya obra fue decisiva para la organización constitucional de la República.
También durante el siglo XX existió una tradición liberal que, aunque minoritaria en términos electorales, tuvo una importante influencia intelectual. Las obras de Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, la Escuela Austríaca y, en Argentina, la prédica de Alberto Benegas Lynch y otros autores contribuyeron a construir una corriente que colocó en el centro la propiedad privada, el mercado y la limitación de la intervención estatal.
Pero una cosa es defender la libertad frente al poder y otra muy diferente es convertir al Estado en el enemigo casi absoluto de la sociedad.
Y allí comienza la discusión sobre Milei.
La pregunta fundamental no debería ser simplemente si Milei es liberal o libertario.
La verdadera pregunta es otra:
¿qué clase de libertad propone y para quién?

Alberdi no fue Milei
Milei reivindica a Alberdi como uno de sus grandes referentes intelectuales. Y es comprensible.
Alberdi fue uno de los grandes pensadores argentinos del siglo XIX. Quería limitar el poder estatal, proteger la propiedad, garantizar las libertades individuales y crear las condiciones para el desarrollo económico.
Pero hay una diferencia fundamental que no debería perderse de vista.
Alberdi quería limitar el Estado; no quería destruirlo.
Necesitaba un Estado capaz de organizar jurídicamente la Nación, garantizar la seguridad, administrar justicia y crear las condiciones institucionales para el desarrollo.
El constitucionalismo liberal no nació para eliminar el Estado.
Nació para someterlo a la Constitución y limitar su poder.
Esta distinción es fundamental.
Porque el Estado que reconoce la propiedad privada es el mismo que debe garantizar los contratos.
El Estado que protege la libertad de comercio es el mismo que debe garantizar que nadie pueda ser privado arbitrariamente de sus bienes.
El Estado que reconoce la libertad individual es el mismo que debe proteger al ciudadano frente al abuso del poderoso.
Por eso, reducir el debate a "Estado versus libertad" constituye una simplificación.
El verdadero problema liberal siempre fue otro:
cómo construir un Estado suficientemente fuerte para garantizar derechos y suficientemente limitado para no convertirse en una amenaza contra ellos.

Del liberalismo al libertarismo
Durante el siglo XX, la tradición liberal argentina permaneció en buena medida en el terreno de las ideas.
La situación cambió con Milei.
La Escuela Austríaca, Mises, Hayek y los autores libertarios dejaron de ser referencias de círculos intelectuales relativamente reducidos y pasaron a formar parte del discurso político cotidiano.
Milei consiguió algo extraordinario: transformar una doctrina que durante décadas había sido marginal en una fuerza electoral capaz de conquistar el gobierno nacional.
Su discurso encontró un terreno particularmente fértil.
Inflación.
Pobreza.
Déficit fiscal.
Corrupción.
Desconfianza hacia la dirigencia política.
Cansancio frente a un Estado que muchas veces había demostrado ser ineficiente y, en determinados casos, corrupto.
La consigna contra "la casta" condensó todo ese malestar.
Y sería un error negar que allí existía una demanda social real.
Pero una cosa es explicar por qué el libertarismo llegó al poder y otra evaluar qué hace con ese poder.

La libertad que termina en el supermercado
Aquí aparece la cuestión social.
La discusión económica no puede reducirse a los números de inflación, déficit o crecimiento.
También hay que mirar qué ocurre con los ingresos de las personas.
Porque la libertad económica no significa solamente poder contratar, comprar o vender.
También significa tener recursos para poder hacerlo.
Una persona puede ser jurídicamente libre para elegir qué comer.
Pero si no tiene dinero suficiente para comprar alimentos, esa libertad es puramente formal.
Puede ser jurídicamente libre para elegir un médico.
Pero si no puede pagar los medicamentos, su libertad se encuentra severamente condicionada.
Puede ser libre para elegir dónde vivir.
Pero si el alquiler consume la mayor parte de sus ingresos, esa libertad tampoco es comparable con la de quien dispone de recursos suficientes.
La libertad económica no puede medirse únicamente por la ausencia de prohibiciones.
También debe medirse por la existencia de condiciones materiales mínimas que permitan ejercerla.

Los números cuentan una historia más compleja
Sería intelectualmente deshonesto desconocer que algunos indicadores económicos mejoraron.
La economía argentina muestra una recuperación respecto de la profunda crisis de 2024. El INDEC informó que el PIB del primer trimestre de 2026 aumentó 2,3% interanual.
La pobreza también descendió.
En el segundo semestre de 2025 fue del 28,2% de la población y la indigencia alcanzó al 6,3%. Es una reducción significativa frente a los niveles registrados durante 2024.
Pero esos datos no permiten concluir que el problema social haya desaparecido.
28,2% de pobreza sigue significando una sociedad profundamente desigual.
Y el dato debe leerse junto con otros.
En mayo de 2026 el índice de salarios registró una variación interanual del 35,9%.
La canasta básica total, por su parte, había aumentado 34,9% interanual en mayo.
Y el RIPTE alcanzó $1.915.878 en junio de 2026.
Son datos que permiten hablar de cierta recuperación nominal y, en algunos sectores, real.
Pero hay otra Argentina.
La de quienes no tienen capacidad de negociación.
La de los jubilados.
La de los trabajadores informales.
La de quienes viven de ingresos fijos.
La de quienes no pudieron trasladar rápidamente el aumento del costo de vida a sus ingresos.

El jubilado y la paradoja libertaria
El caso de los jubilados resulta particularmente revelador.
Desde abril de 2024, el Gobierno modificó el mecanismo de movilidad y las jubilaciones comenzaron a actualizarse mensualmente de acuerdo con la inflación.
Sin embargo, la recuperación nominal no significó necesariamente la recuperación de todo el poder adquisitivo perdido.
Según datos publicados en junio de 2026, la jubilación mínima con bono alcanzaba $481.948 y permanecía aproximadamente 9,2% por debajo, en términos reales, de noviembre de 2023.
Aquí aparece una contradicción difícil de ignorar.
El discurso libertario sostiene que el Estado no debe intervenir en la economía.
Pero cuando se trata de quienes viven de un salario o de una jubilación, el Estado tiene una enorme capacidad para determinar las condiciones en que esas personas reciben sus ingresos.
Y entonces surge una pregunta incómoda:
¿dónde termina la intervención estatal y dónde comienza la libertad?

No existe libertad económica cuando la desigualdad de poder es extrema
La tradición liberal suele partir de una idea correcta: las personas deben ser libres para contratar.
Pero el derecho laboral nació precisamente porque se descubrió que dos personas formalmente libres pueden encontrarse en situaciones de poder completamente diferentes.
El trabajador necesita su salario.
La empresa necesita trabajo.
Pero no siempre están en condiciones equivalentes de negociación.
Por eso surgieron las normas sobre salario mínimo, jornada laboral, vacaciones, indemnizaciones, negociación colectiva y seguridad social.
No fueron inventadas para destruir la libertad.
Fueron creadas para impedir que la libertad contractual terminara siendo la libertad del más fuerte.
Y aquí aparece una de las contradicciones más importantes del libertarismo contemporáneo.
Si el Estado se retira de la protección del trabajador mientras conserva instrumentos para intervenir sobre sus ingresos, la ausencia de regulación puede convertirse en una forma de regulación.
El Estado no desaparece.
Cambia de lugar.

El Estado que se retira de unos y permanece sobre otros
Esta debería ser una de las preguntas centrales de cualquier evaluación del proyecto libertario.
No basta con preguntar:
¿Cuánto Estado hay?
Hay que preguntar:
¿Dónde está el Estado?
Porque puede retirarse de determinadas actividades mientras mantiene una fuerte capacidad de decisión sobre otras.
Puede reducir determinadas políticas públicas y, al mismo tiempo, mantener mecanismos de regulación sobre salarios, jubilaciones o gasto social.
Puede liberar determinados precios y mantener otros regulados.
Puede reducir impuestos en algunos sectores y aumentar la carga relativa sobre otros mediante impuestos al consumo.
Por eso la cuestión no es simplemente "Estado sí" o "Estado no".
La verdadera discusión es:
¿para quién interviene el Estado y para quién deja de intervenir?

La miseria no puede convertirse en una variable de ajuste
Una sociedad puede necesitar un programa de estabilización.
Puede necesitar reducir el déficit.
Puede necesitar terminar con la inflación.
Puede necesitar revisar gastos públicos ineficientes.
Puede necesitar eliminar privilegios.
Todo eso puede discutirse seriamente.
Lo que no puede aceptarse sin discusión es que el costo de esas transformaciones recaiga siempre sobre quienes tienen menor capacidad para defenderse.
Porque entonces aparece una pregunta moral y constitucional:
¿quién paga el precio del ajuste?
La reducción de la inflación es un objetivo legítimo.
El equilibrio fiscal también.
Pero ninguno de esos objetivos convierte automáticamente en legítimo cualquier medio utilizado para alcanzarlos.
La Constitución no desaparece cuando hay déficit fiscal.
Los derechos tampoco.

La libertad no puede ser solamente libertad para quien tiene dinero
Éste es, quizás, el núcleo de la crítica.
Una concepción exclusivamente económica de la libertad puede terminar confundiendo dos cosas diferentes:
la libertad jurídica y la libertad efectiva.
Todos somos jurídicamente libres.
Pero no todos tenemos las mismas posibilidades reales.
El empresario que puede esperar seis meses para concretar una operación no está en la misma situación que quien necesita cobrar su salario mañana para comprar alimentos.
El propietario de capital que puede trasladar sus inversiones no está en la misma situación que el jubilado que depende de una prestación mensual.
El consumidor que puede elegir entre diferentes servicios no está en la misma situación que quien debe aceptar el único servicio que puede pagar.
La igualdad ante la ley no significa que las personas tengan iguales condiciones económicas.
Precisamente por eso existe el Estado social y constitucional.
No para eliminar las diferencias.
Sino para impedir que las diferencias económicas se transformen en desigualdades de derechos.

La paradoja de la motosierra
La motosierra fue una de las imágenes más poderosas del ascenso de Milei.
Representaba la promesa de cortar con el gasto, la burocracia y los privilegios.
Pero existe una paradoja.
Para utilizar la motosierra hay que tener el poder político suficiente para hacerlo.
Y para hacerlo legítimamente hay que respetar la Constitución.
El libertarismo, convertido en gobierno, descubre entonces aquello que toda democracia constitucional sabe:
el poder que se utiliza para reducir otros poderes también debe tener límites.
Porque el problema liberal no es solamente el tamaño del Estado.
Es la concentración del poder.
Y ningún gobierno debería quedar exceptuado de esa regla.

El mercado no es una Constitución
Hay otra diferencia fundamental.
El mercado distribuye bienes de acuerdo con determinadas reglas.
La Constitución distribuye poder.
El mercado pregunta quién puede comprar.
El derecho pregunta quién tiene derechos.
El mercado puede establecer precios.
La Constitución establece límites.
El mercado puede generar riqueza.
Pero no determina por sí mismo qué derechos debe tener una persona.
Confundir ambas dimensiones supone otorgarle al mercado una función que nunca tuvo.
El mercado puede ser extraordinariamente eficiente.
Pero no puede reemplazar a la democracia, al derecho ni a la Constitución.

La libertad también necesita un Estado
Aquí volvemos a Alberdi.
La tradición liberal argentina más profunda no debería buscar simplemente la desaparición del Estado.
Debería buscar un Estado limitado, republicano, eficiente y sometido a la ley.
Un Estado que no sea dueño de la vida de los ciudadanos.
Pero que tampoco los abandone cuando se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad.
Porque la libertad necesita jueces.
Necesita seguridad.
Necesita educación.
Necesita reglas.
Necesita contratos.
Necesita derechos laborales.
Necesita seguridad social.
Necesita instituciones.
Y todas esas cosas requieren, de una manera u otra, de un Estado.
La cuestión no es eliminarlo.
Es impedir que abuse de su poder y conseguir que lo utilice para garantizar derechos.

¿Una nueva libertad o una nueva desigualdad?
El experimento libertario argentino merece ser observado con seriedad.
No porque Milei tenga razón en todo.
Tampoco porque sus adversarios tengan razón en todo.
Sino porque por primera vez en muchas décadas una corriente de ideas que permaneció durante largo tiempo en los márgenes intelectuales llegó al centro del poder político.
Eso obliga a discutirla sin prejuicios.
Pero también sin ingenuidad.
La estabilización de la economía puede ser un logro.
La reducción del déficit puede ser necesaria.
La disminución de la inflación puede devolver previsibilidad.
El crecimiento económico puede crear oportunidades.
Pero ninguno de esos resultados responde por sí solo a la pregunta fundamental:
¿qué sociedad se está construyendo?
Una sociedad puede crecer y al mismo tiempo ser profundamente desigual.
Puede estabilizar sus cuentas públicas y tener millones de personas con ingresos insuficientes.
Puede reducir la inflación y conservar niveles elevados de pobreza.
Puede tener equilibrio fiscal y, al mismo tiempo, jubilados que no pueden comprar sus medicamentos.
Los números macroeconómicos son necesarios.
Pero no son suficientes.

La pregunta final: ¿libertad para quién?
Quizás el mayor desafío del libertarismo argentino sea responder una pregunta que parece sencilla y, sin embargo, resulta decisiva:
¿libertad para quién?
Porque si la libertad significa que el Estado no debe interferir en la vida de los individuos, la respuesta debe valer para todos.
Para el empresario y para el trabajador.
Para el propietario y para el inquilino.
Para el inversor y para el jubilado.
Para quien tiene capital y para quien sólo tiene su fuerza de trabajo.
Para quien puede esperar y para quien necesita comer hoy.
Si el Estado se retira cuando se trata de proteger al vulnerable pero interviene cuando se trata de disciplinar sus ingresos, no estamos ante la ausencia del Estado.
Estamos ante una determinada utilización del Estado.
Y ésa es quizás la contradicción más profunda del libertarismo en el poder.
Milei llegó a la Presidencia prometiendo devolverle la libertad al individuo.
La historia juzgará si esa promesa terminó ampliando efectivamente las posibilidades de los ciudadanos o si, por el contrario, terminó produciendo una sociedad en la que la libertad económica existe fundamentalmente para quienes tienen los recursos necesarios para ejercerla.
Porque una cosa es reducir el Estado.
Otra, muy diferente, es reducir la protección de quienes menos tienen.
Y hay una diferencia todavía mayor:
una sociedad verdaderamente libre no es aquella en la que el Estado simplemente deja de intervenir; es aquella en la que ningún poder —ni el Estado, ni el mercado, ni el dinero, ni el gobierno de turno— puede convertir la necesidad de unos en la libertad de otros.
Ésa debería ser la prueba definitiva del libertarismo argentino.
No cuánto Estado logra destruir.
Sino cuánta libertad real consigue construir.

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