LÓPEZ DE BELVA, Carlos y PODESTÁ, Arturo contra Estado Nacional. Comisión Interamericana de Derechos Humanos - Una desilusiónCarlos Alberto López De Belva
Como consecuencia de una serie de irregularidades cometidas en un proceso civil en trámite por ante los tribunales civiles y comerciales del Departamento judicial de General San Martín, Provincia de Buenos Aires, junto con quien era entonces mi socio, Arturo Podestá, promovimos jurado de enjuiciamiento contra una jueza y tres camaristas civiles.
Eran los inicios de 1991.
El Jurado, inocultablemente manipulado por quien fuera Secretario General de la SCJBA, Jorge Paolini, desestimó in limine la denuncia y en un hecho inédito, declaró maliciosa la conducta de los denunciantes. Obviamente fue una reacción corporativa del poder judicial de la Provincia de Buenos Aires, que fue acompañada por otras manifestaciones del mismo signo autoritario.
El art° 21 de las Normas de Ética impone a los abogados y abogadas que litigan en la Provincia de Buenos Aires:
“Frente a motivos fundados de serias quejas contra un magistrado, es derecho y deber de los abogados presentar la denuncia o acusación ante las autoridades o ante sus Colegios. En tales casos, los abogados que los formulen deben ser apoyados por sus colegas.
La presente norma se hace extensiva a todo funcionario ante quien deban actuar los abogados en el ejercicio de su profesión”.
O sea, obramos en cumplimiento de una norma que impone un derecho/deber.
Digamos; por otro lado, que ni el Colegio de Abogados ni sus matriculados tuvieron la actitud solidaria que esa regla deontológica les imponía.
Alentados por la patente de corso que otorgó el Jurado de Enjuiciamiento a los jueces involucrados, los desmanes jurisdiccionales recrudecieron, incluyendo una causa penal descabellada que sólo se mantuvo hasta que la Corte Suprema la anulo, por la exclusiva voluntad de los jueces, peincipalmente Juan Carlos Sorondo (h).
Todas esas arbitrariedades y muchas otras, fueron denunciadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Nos acompañaron en distintas etapas del proceso ante la CIDH: la Federación Argentina de Colegios de Abogados; la Asociación de Abogados de Buenos Aires; el Colegio de Abogados de Morón (el de San Martín, obviamente, no); el Colegio de Abogados de Tucumán; la Asociación Americana de Juristas; el Centro de Estudios Legales y Sociales; la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; Germán Bidart Campos; Rodolfo Mattarollo, etc.
En el año 2.000 la CIDH dictó informe de admisibilidad. El caso 11.755 tuvo y tiene una tramitación sumamente lenta y le fueron incorporados elementos, pruebas y ampliaciones de denuncia que son una auténtica radiografía de lo peor de la corporación judicial.
La Cancillería de Macri
Finalmente hacia mediados del año 2.019, el Estado se avino al procedimiento de solución amistosa y tuvimos una serie de audiencias virtuales con la Comisión y avanzamos bastante, llegando a formular distintas propuestas.
Ante la proximidad de la asunción de la Presidencia por parte de Alberto Fernandez, con acertado criterio, se suspendieron las tratativas hasta que la nueva Cancillería tomara la conducción.
Me ilusionó que un gobierno nacional y popular viniera a dar término a una odisea de décadas.
La realidad, lamentablemente, me demostró lo contrario.
La Cancillería de Alberto
En la primera audiencia con la Comisión, copn participación de la representante actual de la Cancillería Andrea Pochak, con una actitud nada empática, rechazaron el procedimiento, por lo que el casoi será elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Una desilusión, la Cancillería de Alberto