Qué hacer con Justicia legítima?Carlos López De Belva
Esto me preguntada hace algún tiempo
En las Comisiones de Derechos Humanos y de Defensa de la Defensa de la Federación Argentina de Colegios de Abogados prosperó un proyecto en que sugería que la FACA convocara al Primer Encuentro Nacional de Jueces y Abogados. Durante la XVI Conferencia Nacional de Abogados, realizada en el Colegio de Abogados de San Isidro, en la comisión en que intervine, hice la misma propuesta, junto con otra que ratificaba la vocación de la abogacía organizada, expresada en la anterior en Salta, de impulsar un proyecto de ley que consagrara la inmunidad del abogado en el ejercicio de su profesión, como una manera de garantizar el acceso a la jurisdicción idónea, imparcial e independiente. En esa Comisión intervinieron algunos jueces de la jurisdicción que; a juzgar por el resultado, presionaron y lograron que ambas propuestas desaparecieran de las conclusiones, a pesar de que habían sido discutidas, votadas y aprobadas. Es bueno recordar que en la Conferencia Nacional de Abogados de Salta el pleno aprobó nuestra propuesta, en los siguientes términos:
“TEMA IV GARANTÍAS Y DEBERES EN EL EJERCICIO PROFESIONAL
PONENCIA LOPEZ DE BELVA
Garantías e Inmunidad del Abogado
1) El Abogado es garante del acceso efectivo a la jurisdicción idónea, imparcial e independiente.
Para hacer efectiva esa garantía ningún Abogado podrá ser amenazado con sanciones penales, civiles, administrativas, económicas o de otro tipo, por haber aconsejado, representado a un cliente o defendido su causa.
Deberá gozar de inmunidad civil y penal por las declaraciones realizadas en sus escritos o presentación orales en ejercicio de su profesión, de conformidad con las normas de la Carta de la Defensa de la Unión Internacional de Abogados en concordancia con el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, que también destaca la importancia de las asociaciones de abogados y su función de velar por las normas y la ética profesionales y la de proteger a sus miembros de las persecuciones y restricciones o injerencias indebidas. Propicia el acceso a la asistencia letrada sin restricciones ni discriminaciones. Insta a los gobiernos y asociaciones de profesionales, para que adopten medidas para informar a la población acerca de sus derechos. Incluye salvaguardias especiales en asuntos penales.
Se recomienda a la FACA inste a los colegios a asumir el esfuerzo para que, por Ley, se sancione esa garantía, que no está destinada al Abogado, sino para quien requiere sus servicios profesionales.
Asimismo que se recomiende la inclusión en las reformas constitucionales.
Se recomienda que la FACA proponga al Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la nación para que dada la importancia de la inmunidad del Abogado se incorpore como temario en reunión de Ministros de Justicia del MERCOSUR y Estados Asociados (agregado por la Dra. Delia Basualdo Bayá)…
3) Se Declara la solidaridad con la situación que afecta a los Colegas del Colegio de Abogados de Bahía Blanca (sus miembros habían sido querellados y demandados civilmente por haber ejercido el derecho deber que deriva del art° 21 de la Normas de Ética, de pedir la investigación de la conducta de un Magistrado)
4) Se recomienda se inste la sanción del proyecto de Ley existente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que deroga las facultades disciplinarias de los jueces. Asimismo que se inste en los Códigos Procesales y derogar las facultades en los Códigos procesales.
5) Se recomienda a la FACA la creación de una sección en el IDEL denominada la Defensa del Abogado para la elaboración de los Proyectos de Leyes.”
No aparece ocioso transcribir estas conclusiones, aprobadas por aclamación, porque la independencia del abogado es imprescindible para el estado de derecho democrático, como la de los jueces.
Una ponencia presentada en otro ámbito fue titulada: “La independencia de los jueces y los abogados, un derecho humano”. Obvio que del pueblo, no del magistrado ni del abogado.
Vale decir, que en lo personal y en trabajos de las comisiones de FACA, la cuestión de la independencia de los jueces, estuvo siempre presente. Actitudes corporativas que afectaron garantías de raigambre constitucional o el digno ejercicio profesional, fueron y son materia permanente de dictámenes y acciones de ambas comisiones (DDHH y Defensa de la Defensa, ambas a mi cargo).
Manteniendo la fuerza para insistir en la necesidad de abrir un canal de comunicación de los jueces y de los abogados, me encuentro con la convocatoria de Justicia Legítima.
Lo que me inspiraba cuando insistía con el tema del Encuentro, que creo que aún es válido, era la necesidad de que más allá de los acuerdos o entendimientos super estructurales, era necesario uno “de base”. Un canal que permitiera intercambiar experiencias a abogados comunes y jueces de distintas jurisdicciones y con distintas funciones, más no de distinta jerarquía, concepto que rechazamos.
La pregunta que se me ocurre ahora es: qué hacemos con Justicia Legítima?
Personalmente creo que la convocatoria fue más amplia de lo que dijeron los medios de prensa. No se trató de un encuentro de jueces, magistrados, funcionarios. La solicitada estaba firmada también por académicos y por abogados. Pero; más allá de eso, y así se expresó en las dos jornadas (27 y 28 de febrero pasados), la temática excede a jueces y abogados, para importar (así debería ser al menor) al conjunto de la sociedad, al pueblo, que son – a la postre – quienes sufren las fallas del sistema judicial. De hecho hubo abogados (pocos); entre ellos miembros de las Comisiones de DDHH y de Defensa de FACA) y personas de distintos sectores sociales.
Yo me sentí convocado e interesado y participé. Los escasos cinco minutos alcanzaron para que sin arrogarme representación alguna, comprometiera esfuerzos en un proyecto democratizador del Poder Judicial,
No tengo una idea acabada. Creo que en el ámbito de la abogacía, el de las instituciones representativas y el de las “bases” debemos discutir este proyecto dentro de un marco amplio que cobije las propuestas de los abogados en relación al poder judicial.
Los jueces tienen sus Conferencias Nacionales, nosotros también. La XVI estuvo medio mezclado y – para mi gusto – no fue un acierto.
Una cosa es invitar selectivamente a jueces a una Conferencia de Abogados y otra es juntarse jueces y abogados, superar desconfianzas mutuas y discutir la manera o maneras de mejorar un servicio para beneficio del pueblo y no nuestro.
No es cuestión de cambiar un tráfico de influencias por uno más “democrático”.
He escuchado y he leído opiniones a favor y en contra. Muchos silencios han tenido su propio peso.
Yo creo que los abogados comprometidos con la vigencia de ese derecho humano básico que es el acceso a la jurisdicción y con la defensa del ejercicio profesional, no podemos estar afuera. No de Justicia Legítima, sino de la discusión. Si la damos dentro o fuera de ese ámbito que se propone, habrá de decidirse.
Creo que es necesario despojar a la discusión del sesgo ideológico. No creo que el eje sea K sí, K no. Me parece que el tema implica un desafío y hay que tomarlo. Conservando nuestra independencia como los jueces defenderán la propia, desde luego.
Es ocioso insistir en que la independencia de los abogados es tan necesaria como la de los jueces, para un sistema democrático. Así lo han entendido las Naciones Unidas cuando crearon la Relatoría Especial para la Independencia de los jueces y los abogados, cuyo anterior titular fue nuestro colega Leandro Despouy.
Estas líneas están despojadas de toda pretensión. Si sirven como disparador para ir discutiendo, proponiendo, elaborando, habrán sido de alguna utilidad. Si solo sirven para una suerte de catarsis de su autor, representarán un fracaso de ambos.