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El Equipo Nizkor considera que el primer paso en la lucha contra las violaciones a los derechos humanos es la información, clara, precisa y a tiempo. Es mucho más fácil matar, torturar o violar derechos cuando se hace en secreto. Por eso hemos creado este sitio documental, donde encontrarás la información de los conflictos y situaciones más graves, así como los recursos informativos necesarios para poder organizarte de la manera más eficaz posible.Justicia universal:
MADRID.- La Audiencia Nacional española ratificó hoy su competencia para juzgar los supuestos crímenes contra la humanidad cometidos durante el último gobierno militar.
Así lo acordó el alto tribunal en un auto en el que desestima el recurso planteado por la fiscalía de la Audiencia Nacional española a raíz de la apertura de juicio oral al ex militar argentino Adolfo Scilingo, en prisión desde el 31 de julio de 2001.
Tras conocer esta resolución, el fiscal Pedro Rubira anunció que prepara un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en contra de la misma.
Rubira basará su recurso en la sentencia que dictó este tribunal en el caso de Guatemala, que estableció que los tribunales españoles sólo eran competentes para juzgar los crímenes contra españoles y en relación con el delito de torturas.
La Justicia española inició los trámites para juzgar al ex militar argentino Adolfo Scilingo por los delitos de terrorismo, genocidio y torturas por su supuesta participación en los llamados "vuelos de la muerte" durante la dictadura militar argentina.
La Audiencia Nacional española decidió abrir juicio a Scilingo después de que el juez que instruye esta causa, Baltasar Garzón, concluyese su investigación.
La sentencia de hoy responde a un escrito de Rubira enviado a los magistrados en el que planteaba un incidente de nulidad ante la apertura de juicio oral a Scilingo.
El fiscal alegó el principio de "cosa juzgada", al haber sido ya enjuiciados en la Argentina algunos de los militares procesados por el juez Baltasar Garzón, aunque finalmente fueron absueltos en virtud de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida, por lo que Rubira consideraba que esto supone un indulto para todos ellos.
La Audiencia Nacional española asumió en 1998 la competencia para juzgar los delitos de lesa humanidad supuestamente cometidos durante las dictaduras chilena y argentina.En opinión de Rubira, desde entonces "han aparecido, tanto en el ámbito internacional como nacional, resoluciones jurisdiccionales que vienen a resolver las cuestiones planteadas por el Ministerio Fiscal en este procedimiento".
Scilingo, de 57 años, es un ex oficial de la Armada argentina que denunció ante Garzón las violaciones de derechos humanos por parte de la dictadura militar.
Destinado en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), estuvo al cargo del departamento de Reparaciones, Electricidad y Automotores, cuyo mantenimiento le permitía acudir a lugares restringidos del recinto, como los reservados al Grupo Operativo.
Según sus propias declaraciones tuvo conocimiento de las torturas a que se sometía a los opositores detenidos, llegando incluso a participar en dos "vuelos de la muerte", en junio y agosto de 1977.
Confesó haber tomado parte en el lanzamiento en alta mar de 30 personas que antes fueron anestesiadas y trasladadas en aviones de la Marina de Guerra y de la Prefectura Naval, para ser arrojadas desnudas al Atlántico.
En 1996 y tras conocer la iniciativa de Garzón de abrir un proceso por los crímenes de la dictadura argentina, Scilingo escribió al juez español una carta, que fue entregada por su esposa en la Embajada de España en Buenos Aires.
El ex militar ofreció su colaboración sin rehusar su propia responsabilidad, "como integrante de la plana mayor de la ESMA", en los hechos juzgados.
Scilingo acudió a España acompañado de su abogado y declaró por primera vez el 7 de octubre de 1997 ante Garzón, que ese mismo día dictó su prisión provisional, incondicional e incomunicada, ya que el ex militar admitió su participación en dos de los vuelos.
En enero de 1998, Scilingo salió de la cárcel en libertad provisional, aunque se le prohibía abandonar el territorio español y sin el carácter de testigo protegido, que el imputado había solicitado.
Un año después, Garzón comunicó a Scilingo su procesamiento junto con otros 98 militares argentinos por genocidio, terrorismo y torturas, aunque el ex militar afirmó ante el juez que no participó en los llamados "vuelos de la muerte" y que no recordaba ningún dato sobre la represión durante la dictadura argentina.
Fuente: EFE
lanacionar
Conforme a
Seminario Internacional: "Impunidad y sus Efectos en los Procesos Democráticos".Santiago de Chile, 14 de diciembre de 1996
DISCURSO DE APERTURA SEMINARIO INTERNACIONAL
Fabiola Letelier del Solar
Secretaria Ejecutiva de CODEPU
En nombre de los organismos organizadores
CODEPU - FASIC - SERPAJ-CHILE
"Después de la Segunda Guerra Mundial...la comunidad internacional esparaba el imicio de una nueva era. Una era en que los derechos humanos de todos los ciudadanos de todos los países del mundo serían universalmente respetados. No fue así... La comunidad internacional no había previsto ningún mecanismo para establecer la culpabilidad de los perpetradores y penarlos"
Expresiones del fiscal Richard Goldstone, en la inauguración del primer juicio celebrado ante el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoeslavia, noviembre de 1994.
La odisea de este siglo es el avance de la conciencia universal sobre los derechos humanos. Es el avance de una concepción que busca superar todo tipo de discriminación entre los seres humanos y consagrar el respeto fundamental a la dignidad de toda persna. Ahora bien, el valor de la dignidad humana tiene un talante ético de supremacía por sobre todo interés o valor político o económico, filosófico, doctrinal. El campo para la realización de los valores supremos de la persona humana es la democracia. Es en la democracia donde debería darse el desarrollo cada vez mas extensivo de los derechos humanos, abarcando las necesidades de las libertades civiles y políticas, como las necesidades de la igualdad en lo social, económico y cultural, y la integración de nuevos derechos emergentes ante nuevas realidades; así como un desarrollo de mayor intensidad que implica más exigencias a la democracia y mayor interacción de todos los sectores sociales, a fin de asegurar el derecho de todos y en todos los campos. Por tanto, el valor de la democracia está dado en la medida que garantiza el respeto y vigencia de los derechos humanos. De tal manera se puede afirmar que, a mayor perfección democrática, mayor capacidad de sanción para los violadores de los derechos humanos. En consecuencia, desde esta perspectiva, la denuncia de la impunidad debe ser comprendida como la mejor defensa de la democracia y, la superación de todas las formas de impunidad son su perfeccionamiento.
Sin embargo, la relación indivisible entre derechos humanos y democracia no ha tenido una presencia preponderante, ni los procesos de transición han tenido señales ni signos claros en esta dirección. La impunidad presente en estos procesos de transición a la democracia conspira contra ella misma.
Ya hemos conocido esta mañana las características más centrales de la impunidad y sus consecuencias. Sabemos que muestra su cara más notoria en la ausencia de castigo a las autoridades y sus agentes culpables de violaciones a los derechos humanos.
Sabemos que ella afecta el conjunto de la vida social y de las relaciones que hacen posible una vida civilizada entre los seres humanos.Desde un punto de vista jurídico y legal ella desconoce la igualdad ante la ley y significa una negación de los principios y sentido de un verdadero Estado de Derecho.
Sabemos también que la impunidad conspira contra las orientaciones éticas y los valores más apreciados por los seres humanos, por todos nosotros, por la sociedad toda; constatamos que socializa la perversa idea de que todo está permitido y que los delitos más graves no merecen castigo, fomentando así la anomia generalizada y la corrupción en los más variados ámbitos de la vida social; que replica el efecto atroz de los crímenes y sus consecuencias en las víctimas sobrevivientes, en sus familias y en el conjunto de la sociedad, dificulta la urgente labor de sanar y reparar lo dañado; quiebra el sentido de comunidad política y de sociedad humana.
La impunidad nos traslada a períodos más arcaicos de la vida de nuestra especie. La impunidad nos ata al pasado, atentando así contra nuestra libertad de construir el presente y el futuro.
Pero, las personas y los pueblos somos memoria, presente y futuro. Hoy es el momento de conformar un movimiento internacional de lucha contra la impunidad; configurar una corriente de esfuerzos, de sentimientos, de valores compartidos, que genere propuestas; coordinaciones internacionales, en cada región y al interior de cada uno de los países, en contra del olvido, la falta de verdad y de justicia.
Estamos en un momento clave para diseñar una estrategia de superación de la impunidad con el concurso de todos quienes hacen esfuerzos por erradicarla de la historia humana. A pesar de la magnitud de esta labor nuestro espíritu no es de desaliento, sino de esperanza. Por doquier se alzan voces en contra de la impunidad. No estamos solos. Muchos organismos internacionales, instituciones de la más variada índole y personalidades participan de esta intención. Estamos ciertos que su presencia aquí -que honra este Seminario- es una manifestación de ello. Mancomunadamente podremos enfrentar este desafío común.
Si examinamos la realidad de la región latinoamericana reconocemos que tiene un elemento común. Vivimos y sufrimos dictaduras durante las últimas décadas, que tenían como uno de sus objetivos asegurar un sistema de dominación, y mayoritariamente, imponer el modelo económico social neo liberal que persiste actualmente y que conculca infinidad de derechos económicos, sociales y culturales.
Después de esos regímenes, se han abierto en nuestros países procesos de transición a la democracia. Sin embargo, a pesar de algunos esfuerzos por conocer la verdad de lo ocurrido mediante comisiones de esclarecimiento, la impunidad subsiste. Valoramos esos esfuezos, pero debemos decir también claramente que son insuficientes. No se trata de esclarecer una parte de los crimenes cometidos por el terrorismo de estado, sino de lograr justicia plena; no se trata de lograr justicia sólo por los 120.000 detenidos desaparecidos durante esos años, sino por los millones que sufrieron violación de sus derechos. En verdad, la impunidad que persiste en los procesos de transición democráticos agrava la que se originó en las dictaduras, puesto que la decisión humana de no hacer justicia ya no radica en un poder tiránico, sino en uno validado como democrático. Y esa es su gravedad. Lo que ayer podía entenderse como consubstancial a las dictaduras, hoy en día es incomprensible, abiertamente inaceptable y urgente de superar. Como decíamos anteriormente, estamos en un momento crucial. Después de años de transición democrática, después que esos procesos no han logrado revertir la impunidad y sus consecuencias, esos fenómenos tienden a transformarse en elementos asociados a la normalidad democrática.
Si hoy no levantamos una muralla contra la impunidad y logramos erradicarla, un futuro sombrío se cierne sobre nuestras sociedades y las generaciones futuras.
Los gobiernos civiles postdictaduras han ido aceptando la impunidad como un fenómeno ineluctable para la estabilidad del sistema político. Pero, como todos sabemos, los Estados y sus autoridades sólo se justifican, si respetan, promueven y garantizan esos derechos y libertades fundamentales. Por lo demás, ceder a las presiones de impunidad y retroceder en la exigencia de verdad y justicia, redunda en un acrecentamiento de esas mismas presiones, en la disminución del poder civil y, por tanto, conspira contra la esencia de la democracia. Y esto porque una auténtica democracia es -y no lo olvidemos- participación popular efectiva en las decisiones que afectan a todos. No nos contentamos con una democracia precaria, sometida al chantaje de los poderosos y de las elites dominantes. Queremos, proponemos y lucharemos por una democracia participativa de ciudadanos con todos sus deberes y con todos sus derechos, en la cual cada hombre y cada mujer ejerza los derechos que le corresponden. Aspiramos incansablemente a hacer efectiva la afirmación de la Declaración Universal respecto a la igualdad en dignidad y derechos de todo ser humano, sin excepción alguna.
En cualquier lugar del mundo, la impunidad responde a la lógica de dominación de unos seres humanos sobre otros. De allí su dimensión política. Se trata no sólo de asegurar la falta de castigo para los culpables de los crímenes cometidos, no sólo del desconocimiento de derechos fundamentales como el derecho a la justicia. Mediante la impunidad se procura acostumbrar a la injusticia, promover la resignación y el desaliento frente a la denegación de derechos fundamentales. En definitiva, esa es su función política: consolidar un modelo de dominación y de conculcación de los más fundamentales derechos económicos, sociales y culturales.
En la actualidad, vemos con preocupación la imposición del neoliberalismo que marginaliza, excluye y mantiene en la pobreza a una gran parte de la humanidad; que los procesos de globalización no respetan el medio ambiente ni los derechos ciudadanos, y en especial los derechos de los más desposeídos. Constatamos con desconcierto que las instancias de coordinación económica internacionales y los acuerdos comerciales deciden los destinos de los pueblos y tienen mayor gravitación que las instancias políticas nacionales e internacionales. Vemos que la igualdad de derechos que afirma la Declaración Universal se encuentra condicionada y negada en la práctica por las directrices del poder económico mundial. Pareciera ser que en nombre de la libertad económica de los grandes capitales transnacionales sería legítimo hoy día desmantelar completamente los sistemas de seguridad social que permitían algunos beneficios sociales para el conjunto de la población, alcanzando incluso a los más pobres. Vemos con angustia que la pobreza se aloja en los sectores más vulnerables: mujeres, ancianos y niños. Más de mil cien millones de personas habitantes de esta tierra viven diaramente en la miseria. ¿Cómo no sentirnos afectados frente a tanto dolor y a tanta injusticia?
Nadie puede quedar indiferente frente a esta realidad.
Somos todos responsables de no validar, ni la impunidad por los crímenes de violaciones a los derechos humanos, ni la conculcación de ninguna de las libertades ni los derechos fundamentales, incluídos por cierto los económicos, sociales y culturales. Los derechos humanos son indivisibles. La violación de cualquiera, cuestiona la vigencia de todos. Al luchar en contra de la violación de uno de ellos, luchamos a favor de la vigencia de los demás. La lucha contra la impunidad es una lucha por la democracia, el humanismo, la vigencia de todos los derechos fundamentales. Es una lucha por la paz.
Llamamos desde aquí, a los Estados, a los Gobiernos y a la Comunidad Internacional a no abdicar de su deber de respetar y promover los derechos humanos. A esta última, la llamamos a superar sus deficiencias, a mejorar los actuales mecanismos de protección de los derechos humanos, ampliando su campo de preocupaciones y profundizando la fiscalización de la vigencia de éstos en todos los rincones del planeta. Los llamamos a todos, en especial a erradicar la impunidad, a sentar las bases para que el horror no se repita nunca más. Los convocamos a construir la Memoria, a realizar una auténtica Reparación, a establecer la Verdad, a no soslayar las sanciones, en definitiva, a conseguir la Justicia. Ese es el compromiso que asumimos y nuestra responsabilidad histórica, ética, social y política.
Para terminar, debo expresarles que nos sentimos felices de la presencia de ustedes aquí y tenemos la convicción que con vuestra participación, voluntades, experiencia y saberes, responderemos a la urgencia y al imperativo de construir una estrategia de superación de la impunidad. Ese es el propósito común que nos reune hoy día y que nos insta a continuar trabajando juntos a fin de profundizar el conocimiento del fenómeno de la impunidad que hoy, constatammos con preocupación, se extiende al ámbito de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de nuestras sociedades.
A nombre de los organismos convocantes a este Seminario, - Comité de defensa de los derechos del Pueblo, CODEPU, Fundaación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, FASIC, y del Servicio Paz y Juscia, SERPAJ- Chile, muchas gracias a todos quienes posibilitaron la realización de esta iniciativa. Muchas gracias a todos quienes nos honran con su presencia.
Por último, quisiera recordar, con palabras de nuestro poeta Pablo Neruda, a quienes hoy no están presentes, pero que siempre estarán con nosotros.
"fue mi deber nombrarte,
a tí, al de más allá y
al de más cerca,.......
Pero no tuve tiempo ni tinta para todos".
En la emisión del 20 de diciembre de 1966 en ORAL Y PÚBLICO recibimos a Ana Chavez (SERPAJ), Isabelo Herreros (IU) y Gregorio Goyo Dionis (Red Nizkor). Tratamos temas relacionados con este seminario y también con la justicia universal