La abogacía y la marcha del 1° de febrero
Distintos sectores políticos, sociales, gremiales, profesionales, organismos de Derechos Humanos, etc., vienen convocando a una movilización, fundamentalmente frente al palacio de los tribunales, para el próximo 1° de febrero, para reclamar la renuncia o remoción de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La abogacía y la magistratura, no está ausente al llamado.
En primer lugar debe aclararse que las representaciones institucionales de la abogacía se han manifestado adversas a la movilización. También merece aclararse que esas expresiones no reflejan el sentir de todos los abogados y todas las abogadas. Mucho y muchas consideramos que la metodología propuesta es no solo justa y adecuada, sino, la única que queda atento los niveles de “complicidad” de sectores hegemónicos y del poder real, con representación en las instituciones que se oponen a esa expresión de voluntad popular.
No es necesario hacer demasiada historia para comprender la razón de ser de la indignación popular.
En la plataforma de campaña y en el primer discurso del Presidente Alberto Fernández, se puso en destacado lugar, la necesidad de la reforma del poder judicial.
Nadie; ni la propia Federación Argentina de Colegios de Abogados, puede aplaudir los desaguisados de Comodoro Py, que se ha convertido, para mal de las instituciones republicanas, en el aguantadero jurisdiccional de aberraciones inenarrables. En una memorable Junta de Gobierno celebrada en Villa Mercedes, San Luis, se condenó el accionar de esos jueces federales y sus complicidades con los servicios de inteligencia. Más adelante se denunció ante el Relator Especial de Naciones Unidas para la independencia de los Magistrados y los Abogados, las actividades de espionaje a personas privadas de su libertad y a sus abogados y abogadas, todo eso bajo la presidencia anterior de la FACA.
Las promesas de campaña, ratificada en discursos presidenciales, de reformas del poder judicial, permanecen incumplidas. Además de la decisión más bien escasa, una oposición férrea, la han imposibilitado.
La Corte Suprema ha quedado reducida a cuatro miembros, dato de por sí aberrante. A eso debe sumarse la inocultable pelea interna de ese grupito de magistrados. En ausencia de uno de los cuatro, los otros tres designaron un presidente y un vice que, obviamente se votaron a sí mismos.
Sobre ambos pesa el pecado original de haber sido designados en comisión y por decreto del Poder Ejecutivo. El hecho de haberse saneado, solo en las formas, el vicio, no les restablece la idoneidad perdida al aceptar entrar por la ventana al máximo tribunal de los argentinos.
El ausente, está muy comprometido con la persecución política de adversarios del poder y de haber tolerado la llamada “doctrina Irurzun” adefesio jurídico que permitió privar de la libertad a personas inocentes. También es protagonista principal de la opereta armada para que un Senador de la Nación no puediera votar en el Consejo de la Magistratura a tiempo, lo que hubiera evitado la remoción acelerada de un camarista que resultada antipático al ex Presidente de la Nación.
El cuatro supuestamente está sospechado por el manejo de fondos de la Obra Social del Poder Judicial.
Sobre esta Corte pesa el gravísimo antecedente de haber dictado una sentencia beneficiando a genocidas con el 2x1, la movilización popular los hizo retroceder.
Fallos dictados en beneficio del poder real, del gobierno de la CABA, y en contra de derechos laborales son otros tantos lados flacos.
Los niveles de desprestigio de la Corte son alarmantes. Menos del 20% de la sociedad la aprueba. Este dato estadístico demuestra que no se trata de una convocatoria K, ya que esa fuerza política, ni por asomo, goza del 80% de adhesión.
Mientras tanto, la política no pudo o no quiso instar los mecanismos institucionales para sanear el desprestigiado poder judicial. No queda más salida que la movilización popular, del mismo modo que lo fue cuando se movilizó contra la Corte menemista.
El principal argumento adverso a la movilización es que el pueblo de delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes.
Pero, cuando esa delegación del poder demuestra que; por ineficiencia, debilidad o lo que fuere, resulta inadecuado para llevar a cabo las promesas que obtuvieron el beneficio del voto popular, el pueblo puede y debe, recuperar el poder cedido circunstancialmente.
La Corte Suprema, y buena parte de los tribunales inferiores, se han convertido en una institución contrapoder. Leyes nacionales son declaradas inconstitucionales por jueces amigos del poder.
Un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura pretende dar al Presidente de la Corte la presidencia. Por oportunismo político la clase política cometería un suicidio republicano.
Cuatro personas tan cuestionadas, que no rinden cuenta de sus actos ante nadie y que nadie ha votado, no pueden regir los destinos de la Nación.
Ante la ineficacia, la anomia, el oportunismo o la debilidad de los representantes que votó, puede y debe, movilizarse para exigir que se pongan en marcha los institutos saneadores adormilados.
La voluntad popular no está limitada a votar cada tanto y a esperar pasivamente una próxima elección para ver si logra cambios.
Nuestro pueblo tiene larga experiencia de lucha.
La movilización del 24 de marzo de 1996 conmovió al mundo y movilizó la justicia universal de la mano del Fiscal español Castresana.
Logró también la inconstitucionalidad y la nulidad de las leyes y decretos de impunidad.
Logró las renuncias de la Corte de los milagros.
Descalificar esta nueva marcha por sediciosa es un disparate, máxime viniendo de una institución que abrigó en su seño a José Alfredo Martínez de Hoz, Walter Klein, James Smart, Mariano Grondona y tantos otros.
Más allá de algunas consignas con las que no estamos de acuerdo, participaremos de esta movilización y las que sigan hasta lograr despertar al poder político de su ya demasiado larga siesta.
Y una última falacia: no es cierto que se quiera remover a los integrantes de la CS por medios no contemplados en la CN. Nadie propone la toma por asalto de los tribunales, secuestrar y ekecutar a los Ministros ni nada parecido. Solo se pretende que se cumplan las promesas pendientes. Es en realidad una marcha de reclamo a la política.
Pero, cada uno lo entiende como quiere y como mejor conviene a sus intereses chiquitos y de corto plazo.