Independencia o gobierno de los jueces?
Carlos A. López De Belva
30/9/2020
Al momento de escribir estas líneas no han pasado siquiera 24 horas de una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyos efectos institucionales no es fácil advertir; pero, que se sospecha, serán gravísimos.
Esta Corte que ha estado aletargada durante el festival del lawfare, ha decidido ponerse al frente de una oposición desestabilizante pero sin conducción más o menos racional?
O simplemente aprovecha la volada para defender sus propios privilegios?
Cinco jueces a quienes nadie ha votado, que no rinden cuentas de su gestión ni deben revalidar sus cargos, que son vitalicios; que no pagan impuestos y tienen salarios exorbitantes, se alzan contra decisiones legítimas de órganos de la Constitución, como el Consejo de la Magistratura y contra la representación parlamentaria de la Nación y su pueblo.
Cedieron a la presión de un grupo minúsculo de manifestantes algunos de los cuales blandían consignas siquiátricas?
Cedieron a la presión de una oposición que se resiste a reconocer el resultado de las últimas elecciones presidenciales?
Cedieron a la presión del poder real y sus órganos de difusión que han logrado enfermar a buena parte de la sociedad?
O; como decía, salió a defender sus propios privilegios, que sienten peligrar por una posible reforma judicial, una democratización de un poder del Estado que atrasa o una saludable ampliación de miembros de la Corte?
Todavía es demasiado pronto para evaluarlo. Pero, lo que sí ya se puede apreciar es el gravísimo daño institucional que han inferido al sistema republicano de gobierno y a la democracia, alzándose como una estructura aristocrática alejada de los intereses de las grandes mayorías populares.
Si han cedido a la presión de aquellos grupos; cuyo derecho a reclamar no se les desconoce porque también los protege la Constitución, esa misma que ha quedado gravemente herida, han demostrado carecer de la dignidad, la convicción y la determinación que les impone ser cabeza de uno de los tres poderes del Estado.
Para este desatino, la Corte echó mano de una herramienta excepcionalísima, sólo empleada en un par de veces a lo largo de su historia; el per saltum.
Sin embargo, esa misma herramienta le fue solicitada en beneficio de los miles de jubilados estafados, como tantos otra veces y no les pareció ser tema que lo mereciera.
Vale decir que un par de jueces son más importantes para esta Corte que miles de jubilados, muchos de los cuales; por su demora, no llegarán con vida a acceder a la justicia.
Sin ánimo de desarrollar en profundidad el tema del per saltum, debemos aclarar algunos conceptos. El leading case es el caso Dromi, más conocido como el “caso Aerolíneas”.
El entonces Ministro de Obras Públicas Dromi pidió la intervención directa de la Corte Suprema argumentando la existencia de gravedad institucional, conflicto de poderes, ante la invasión por parte de la justicia de atribuciones propias del Poder Ejecutivo y en que se trataba de una causa de trascendencia (writ of certiorari).
Finalmente la Corte admitió el pedido en setiembre de 1.990. Quienes criticaron la decisión sostuvieron que no había gravedad institucional y que la Corte había violado las reglas de competencia establecidas por el Congreso de la Nación. La Corte de los milagros había dictado un fallo altamente cuestionable de eminente esencia política. Vale la pena aclarar que no existe ley procesal que reglamente este recurso. Otros casos en que la Corte admitió este excepcionalísimo remedio son: González, Antonio Erman (en que lo desechó) y en la Operación langostino. Hubo otros casos en que la aplicación del per saltum fue rechazada.
La condición que fijó la Corte en el caso Dromi como insoslayable es la de gravedad institucional manifiesta y evidente que muy dudosamente se presente ante la presunta estabilidad de dos jueces trasladados a dedo, sin aval del Senado de la Nación y rebeldes ante la citación para dar trámite a la intervención de este poder del Estado que impone la Constitución Nacional. Vale la pena arrierdar tanto por tan poco?
Es evidente que ese argumento es falaz y un mero pretexto.
Esta decisión, ferozmente corporativa, parece ser una clara señal para los otros poderes del Estado y para el interior del poder que encabezan.
Este celo, que se pretende disfrazar de republicano, no fue exhibido cuando jueces como Claudio Bonadío y los mismos Bruglia y Bertuzzi cometieron desmanes jurisdiccionales, acompañados eficazmente por fiscales como Carlos Stornelli, procesado por gravísimos hechos que no son sino delitos. Nada de esto conmovió jamás a esta Corte.
No nos olvidemos que dos de sus integrantes admitieron como normal, haber sido designados por el Presidente Macri, por decreto. Si hasta el propio Sabsay estuvo en contra!
Cuál es el interés de defender a dos simples jueces poniendo en riesgo a las instituciones de la república?
Vale la pena tensar la estabilidad de las instituciones del Estado y la democracia por tres jueces trasladados a dedo para cumplir funciones de persecución política?
Evidentemente no se trata de eso. Subyacen razones mucho más graves y profundas que con el tiempo se develarán. Una señal más clara la dará la resolución que esta Corte adopte sobre la cuestión de fondo.
A todo esto hay un espectador silencioso; al menos por ahora, que tal vez no entiende demasiado o no le preocupa demasiado, este tema.
De todos modos, si advierte que se pone en riesgo su soberana decisión electoral y se pone en jaque al gobierno que mayoritariamente eligió, otro podría ser el escenario. Ese pueblo ya demostró cuando hizo retroceder a esta misma Corte y su desatinado fallo concediendo el 2x1 a los genocidas. No fue un grupúsculo de personas que no sabían muy bien por qué se movilizaban. Puede ocurrir lo mismo.
Hay otro sector cuyo pronunciamiento seguramente se está esperando, el de la abogacía.
La historia nos va a juzgar a todos.
También y principalmente, a esta Corte Suprema.
Queda mucha tela que cortar.
Y esto no es un tema partidario. Es institucional y debe preocupar a todo el arco político nacional que debe superar la utilización oportunista de situaciones que en un futuro los hará víctimas también a ellos.
Si esta Corte legitima el traslado a dedo de jueces, estará habilitando para que lo mismo haga cualquier gobierno, incluido por supuesto, el de Alberto Fernández.
Como decía al principio, en muy pronto para diagnosticar qué alcance institucional tendrá la decisión de ayer. Todo parece indicar que casi nada bueno es de esperar.
El tiempo, la historia lo dirán. Cada uno, a su tiempo y conforme sus responsabilidades, deberá rendir cuentas.
Carlos A. López De Belva
Consejo de Presidencia de la APDH
Miembro de la AAJ Rama argentina